Lo confirmó la procuradora Mirna Ortiz tras más de nueve horas de audiencia. El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados por un fraude de más de RD$41 millones.
Diez de los imputados en el caso Senasa 2.0 admitieron los hechos que les atribuye el Ministerio Público, confirmó la noche de este miércoles Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
«De los imputados en esta operación, 10 han admitido los hechos y han estado contestes con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado», dijo Ortiz. Añadió que, para algunos que quieren declarar y están negociando, la fiscalía pedirá una variación de la medida.
La audiencia empezó a las 2:00 de la tarde y el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la aplazó pasadas las 11:00 de la noche. Es el segundo aplazamiento. Sigue este jueves a las 2:00 de la tarde, porque todavía falta que hable la mayoría de los abogados de la defensa.
El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados, entre ellos 22 médicos, y que el caso se declare complejo, lo que da más tiempo a la investigación.
Según la acusación, el grupo habría gestionado 4,363 autorizaciones médicas fraudulentas del Seguro Nacional de Salud (Senasa), la aseguradora del Estado, por consultas y procedimientos que en algunos casos nunca se hicieron. El monto supera los RD$41.1 millones. La fiscalía señala como cabecilla a Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del departamento de autorizaciones médicas de Senasa.
Entre las irregularidades figuran el uso de datos de afiliados, expedientes clínicos presuntamente ficticios, firmas y sellos de médicos y cobros por procedimientos que los pacientes niegan haber recibido.
El abogado Félix Portes, que representa a varios imputados, contó que muchos dicen sentirse avergonzados. «Todos dicen estar avergonzados; que es una vergüenza para su familia y su buen nombre», afirmó. Otros, según los abogados, sostienen que fueron engañados o que no tienen relación con el esquema.
Que admitan los hechos no es todavía una condena: el juez debe valorar el caso de cada uno.
