El Ministerio Público presentó acusación contra 13 personas y cinco empresas que vincula con una red de estafas electrónicas a personas en Estados Unidos, sobre todo adultos mayores, por unos US$5 millones. El dinero se lavaba en RD, según el expediente.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra 13 personas y cinco empresas a las que vincula con una red que estafaba por vía electrónica a personas en Estados Unidos, sobre todo adultos mayores, y después lavaba el dinero en República Dominicana. El caso es la Operación Discovery 3.0.
La acusación la depositó el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, ante un juzgado de la instrucción de Santiago. Según el expediente, la red dejó 141 víctimas en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en unos US$5 millones.
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura operaba sobre todo desde la zona norte del país, con conexiones en distintas ciudades estadounidenses. Usaba centros de llamadas clandestinos, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y llamadas en las que se hacían pasar por autoridades o familiares de las víctimas.
El dinero llegaba al país por transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas e intermediarios. Después, siempre según la acusación, se metía en la economía mediante empresas, compra de inmuebles, vehículos y otras operaciones para ocultar su origen. La investigación financiera detectó movimientos de entre RD$12 millones y más de RD$120 millones, operaciones de más de RD$134.8 millones y depósitos bancarios por más de RD$20 millones en menos de un año, que no cuadran con los ingresos declarados por los acusados.
La red fue desmantelada en agosto de 2025, con operativos en Santiago, La Vega y otras localidades de la región. Cuatro señalados como sus principales líderes fueron extraditados a Estados Unidos y enfrentan un proceso en un tribunal de Boston, Massachusetts.
La investigación contó con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
A los acusados se les atribuyen violaciones al Código Penal y a las leyes sobre crímenes de alta tecnología (53-07) y lavado de activos (155-17); a tres de ellos, también a la ley de armas. El Ministerio Público pide que el tribunal los envíe a juicio. Ninguno ha sido condenado.
