La jueza excluye a la Fundación Primero Justicia del caso de la modernización semafórica
Santo Domingo, RD. En una reciente decisión, la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha excluido a la Fundación Primero Justicia, presidida por Miguel Surún Hernández, de la querella que involucra a Hugo Beras y Jochi Gómez, entre otros, en un caso de supuesta estafa relacionada con la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Durante la audiencia, la jueza comunicó directamente a Surún Hernández que no forma parte del proceso legal, aclarando que la denuncia presentada por la fundación se refería a individuos que no figuran en el actual proceso judicial. "Tengo que decirle que usted no es parte de este proceso, que tenga buenos días", aseguró la jueza.
La magistrada también subrayó que la querella presentada debe ser dirigida al Ministerio Público, el cual tiene la autoridad para decidir si se le dará curso a la solicitud presentada por la fundación.
Esta decisión surgen en el contexto de una querella presentada por Primero Justicia el 15 de julio, donde el presidente de la fundación expresó la necesidad de investigar y llevar ante la justicia a más individuos de alto perfil que, según sus acusaciones, están comprometidos en acciones ilegales relacionadas con el caso de estafa. La fundación ha manifestado que la magnitud de las transferencias de fondos y las irregularidades en los procesos de contratación apuntan a un comportamiento que sugiere que los implicados actuaron en complicidad.
Surún Hernández hizo un vehemente llamado para que se considere la inclusión de funcionarios y ministros que, según su afirmación, orquestaron acciones que han derivado en la transferencia de 263 millones de pesos al margen del presupuesto nacional. La querella de la Fundación Primero Justicia menciona a varios individuos y empresas que estarían involucrados en la trama, incluyendo a Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero, Pedro Vinicio Padovani, entre otros.
La resolución de la jueza se produce en un momento crucial, ya que establece un precedente respecto al alcance de la querella y la responsabilidad de las entidades implicadas en la denuncia. Tras la exclusión de la Fundación Primero Justicia, el Ministerio Público ahora tiene un plazo de cuatro meses para presentar su acusación en este caso que ha despertado gran interés en la opinión pública.