El reciente fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia y senador colombiano, ha generado un cambio significativo en los procesos judiciales de los involucrados en su atentado. La calificación del delito contra ellos ha pasado de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado.
Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe Turbay, ha solicitado la inclusión del delito de terrorismo, dado que la víctima era un político en ejercicio y miembro del partido de oposición. Esta adición no solo busca justicia, sino también un aumento en las penas para los responsables.
Los implicados en este atentado han sido identificados: Elder José Arteaga, alias "el Costeño", es el coordinador; Katerine Martínez, alias "Gabriela", entregó el arma al sicario de 15 años; y otros más como Carlos Eduardo Mora y Christian González Ardila, quienes también jugaron papeles cruciales en el ataque.
La implicación de un menor de edad en el homicidio complica aún más el panorama. La presión sobre los implicados podría resultar en que algunos de ellos revelen nombres de quienes orquestaron el crimen, ante las severas sanciones que enfrentan.
El dolor por la pérdida de Miguel Uribe es palpable en Colombia. Mosquera expresó un mensaje conmovedor: "Que tristeza tan infinita, Colombia está de luto. Con la partida de Miguel Uribe se apaga una luz de inteligencia, disciplina, amabilidad, honestidad y sinceridad". Las repercusiones de este suceso no solo se sienten a nivel judicial, sino también en el ámbito social, donde su legado y trabajo por un mejor país son recordados con cariño y admiración.