El caso de la red que se dedicaba a borrar antecedentes penales a cambio de dinero está llegando a su fin. Un tribunal ha anunciado que se reserva el fallo, lo que significa que ya escuchó a todos y ahora se retira a deliberar.
En el banquillo de los acusados hay 12 personas, incluyendo empleados de la Procuraduría y de la Policía Nacional. Se les acusa de formar una estructura criminal que limpiaba el historial delictivo de personas a cambio de sobornos.
La fiscalía ha presentado pruebas contundentes durante el juicio. El Ministerio Público está pidiendo que todos los implicados sean declarados culpables y que reciban condenas que van desde los 5 hasta los 20 años de prisión.
Este caso ha destapado una grave vulnerabilidad en el sistema de justicia del país. Ha demostrado cómo, desde adentro, se podía manipular información tan sensible como los antecedentes penales de una persona.
Ahora, todo queda en manos de los jueces, quienes tienen un plazo de 30 días para emitir su veredicto. La decisión que tomen sentará un precedente importante en la lucha contra la corrupción interna en las instituciones.
La sociedad entera está a la espera de esta sentencia. Se busca una condena ejemplar que envíe un mensaje claro: nadie está por encima de la ley y este tipo de actos no serán tolerados en el sistema de justicia.