Otro round judicial que Edesur pierde. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó que la distribuidora eléctrica Edesur deberá pagar RD$1.9 millones por incumplir una sentencia que la obligaba a rendir cuentas.
En otras palabras: un tribunal le ordenó rendir cuentas, la empresa no cumplió, y ahora el máximo tribunal del país le confirma la sanción económica. Cuando una decisión llega a ser ratificada por la SCJ, ya prácticamente no hay para dónde coger: toca pagar.
Y esto no es un caso aislado. Edesur viene arrastrando un historial de problemas por no honrar decisiones judiciales. En un expediente aparte, a la empresa le embargaron cuentas bancarias por más de RD$32.5 millones —cifra que podía llegar hasta los RD$65.1 millones con el duplo legal— por incumplir tres sentencias definitivas ligadas a incendios provocados por altos voltajes que destruyeron viviendas.
En ese otro caso, la deuda ni siquiera se queda quieta: crece más de RD$212,000 cada mes por efecto de los intereses judiciales (lo que se conoce como astreinte). La Primera Sala de la SCJ ya había rechazado el recurso de casación de Edesur en octubre de 2022, y en febrero de 2026 también le tumbó una demanda en suspensión. El embargo se trabó el 5 de agosto de 2026.
En corto: más allá de las cifras, el mensaje de la justicia es claro: las sentencias se cumplen, sin importar el tamaño de la empresa. Y a Edesur le está saliendo caro dejar esas cuentas pendientes.
