Hubo un movimiento importante en el sonado Caso Calamar, ya que un juez ha decidido aplicar la extinción penal para un grupo de querellantes. Ojo, esto no significa que el caso principal se detiene, pero sí que hay un cambio en el panorama judicial.
Para que se entienda mejor, la decisión afecta a los acusadores particulares que, por alguna razón, no presentaron su acusación formal a tiempo. El juez Justiniano Montero determinó que su plazo para actuar ya había vencido.
Es clave aclarar que la acusación principal, la que lleva el Ministerio Público contra todos los implicados, sigue adelante con toda su fuerza. El caso del Estado contra los acusados de corrupción no se ve afectado por esta medida en particular.
La razón de esta decisión es un tecnicismo legal: el incumplimiento de los plazos procesales. La defensa de los imputados aprovechó esta falta de los querellantes para solicitar que fueran apartados del proceso, y el tribunal les dio la razón.
Esto se puede ver como una pequeña victoria para los abogados de la defensa en el Caso Calamar. Al reducirse el número de partes acusadoras, el proceso se simplifica un poco para ellos, aunque el principal acusador sigue siendo el Ministerio Público.
Así que, mientras el caso de corrupción más grande del país sigue su curso, este episodio sirve como recordatorio de lo importantes que son los plazos en la justicia. El proceso continúa, pero ahora con algunos actores menos en el escenario.