Querella por Fraude en el Contrato de Semáforos del Gran Santo Domingo
El Estado dominicano ha tomado medidas al convertirse en actor civil en el caso del presunto fraude relacionado con el contrato para la modernización del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo. La acción legal fue presentada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra varios individuos y empresas acusadas de defraudar al Estado.
Implicados en la Querella
Entre los acusados se encuentra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), así como el empresario José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix. Además, se mencionan a otros funcionarios relacionados, como Frank Díaz Warden, ex coordinador de despacho del Intrant y varios directores y exdirectores del organismo.
Alegaciones de Corrupción
Los abogados que representan al Estado, entre ellos Fernando P. Henríquez y Manuel Conde Cabrera, argumentan que los implicados formaron parte de una red de corrupción y crimen organizado. Las acusaciones incluyen delitos graves, tales como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación y otros comportamientos delictivos que están tipificados en el Código Penal y la Constitución dominicana.
Detalles de la Querella
La querella fue presentada ante la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien supervisa las investigaciones. Los abogados no han especificado aún las cantidades que se reclamarán como indemnización por los daños ocasionados al erario público, pero se reservan el derecho de interponer más acciones legales según lo determine la investigación.
Marco Legal de los Delitos
Los delitos en cuestión están contemplados en múltiples leyes, incluyendo la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 267-08 sobre Terrorismo, entre otras normativas que regulan la corrupción y el mal uso de recursos públicos.
Próximos Pasos
El caso ha suscitado gran interés público, y la sociedad espera con atención los resultados de las investigaciones y las posibles acciones judiciales que puedan resultar de este notable procedimiento contra la corrupción en el país.