El Ministerio de Energía prepara una reforma de la Ley de Electricidad con sanciones más duras por el robo de luz y prevé invertir más de US$700 millones en redes en dos años. La tarifa, por ahora, no sube.
Quien se robe la luz podría pagarlo más caro. El Ministerio de Energía y Minas prepara una reforma de la Ley General de Electricidad 125-01 para endurecer las sanciones por el robo de electricidad, con castigos proporcionales al daño económico que causa al sistema. El ministro Joel Santos dijo que la propuesta está en elaboración y que esperan presentarla en los primeros meses de 2027.
Según Santos, el problema es que las penalidades actuales son demasiado flexibles. Pero aclaró que la mano dura debe ir acompañada de una estrategia para que más usuarios entren al sistema formal, mejorar el cobro y dar un mejor servicio.
El ministro anunció inversiones de más de US$700 millones en los próximos dos años para reforzar las redes de distribución, unos US$400 millones de ellos en 2027. Con eso, proyecta que las pérdidas de las distribuidoras (EDE) bajen entre 2 y 2.5 puntos porcentuales en 2027 y otro tanto en 2028. El año pasado, según dijo, las pérdidas de las EDE costaron unos US$1,700 millones. La ampliación de las redes dará prioridad a Santo Domingo Este, Norte y Oeste y a San Cristóbal, por su alta demanda.
¿Subirá la tarifa? Santos dijo que no es una medida que se contemple por ahora, y reconoció que en el país se ha desarrollado una cultura de subsidios que no se cambia de un día para otro. El Gobierno seguirá aportando dinero al sector eléctrico en 2027.
La demanda eléctrica crecerá cerca de un 9 % al cierre de 2026, por encima de la economía, por lo que el país prepara licitaciones para nueva generación. El ministro tampoco descartó construir otra planta en la zona de Punta Catalina, aunque aclaró que está en análisis y que es prematuro dar detalles sobre su capacidad, su tecnología o su costo.